Durante décadas, la interdicción fue una de las figuras jurídicas más fuertes —y también más controvertidas— del derecho civil colombiano. Su finalidad aparente era proteger, pero su efecto real fue, en muchos casos, silenciar jurídicamente a personas adultas, privándolas del derecho a decidir sobre su propia vida.
Para entender qué es la interdicción y por qué hoy se considera un modelo superado, es necesario mirar su origen, su función histórica y las razones que llevaron a su eliminación como mecanismo principal de protección jurídica.
El significado jurídico de la interdicción
La interdicción era un proceso judicial mediante el cual un juez declaraba que una persona mayor de edad no tenía capacidad para ejercer sus derechos, generalmente por una condición mental, intelectual o psicosocial. A partir de esa declaración, la persona quedaba sometida a un régimen de curatela, en el cual un tercero —el curador— asumía la toma de decisiones en su nombre.
Desde el punto de vista legal, la persona interdicta no podía celebrar contratos, administrar sus bienes, disponer de su patrimonio ni, en muchos casos, tomar decisiones personales relevantes sin la intervención del curador. En la práctica, la interdicción suponía una suspensión casi total de la capacidad legal.
La lógica detrás de la interdicción: protección mediante sustitución
La interdicción se construyó sobre una idea profundamente arraigada en el derecho clásico: que ciertas personas debían ser protegidas decidiendo por ellas. El sistema asumía que, si una persona no podía comprender plenamente las consecuencias de sus actos, lo más seguro era que alguien más lo hiciera en su lugar.
Durante muchos años, esta lógica fue vista como razonable e incluso necesaria. La interdicción se presentaba como una medida de cuidado, especialmente para:
- personas con discapacidad intelectual,
- personas con trastornos mentales severos,
- personas en estados de vulnerabilidad cognitiva permanente.
Sin embargo, el problema no era solo la intención, sino el resultado.
Las consecuencias reales de la interdicción
Aunque su objetivo declarado era la protección, la interdicción generó efectos profundamente restrictivos. Una persona interdicta perdía la posibilidad de:
- expresar jurídicamente su voluntad,
- participar activamente en decisiones sobre su vida,
- equivocarse, aprender y decidir.
La interdicción no evaluaba qué decisiones sí podía tomar la persona, sino que partía de una negación general de su capacidad. Era una medida global, rígida y muchas veces irreversible, que no distinguía contextos, apoyos posibles ni grados de autonomía.
En términos humanos, esto significó que muchas personas adultas quedaron legalmente infantilizadas, aun cuando podían comunicarse, expresar deseos y tomar decisiones con algún tipo de acompañamiento.
Interdicción y discapacidad: una relación problemática
La interdicción se aplicó casi exclusivamente a personas con discapacidad, lo que terminó reforzando un enfoque discriminatorio: se asumía que la discapacidad era sinónimo de incapacidad jurídica.
Este enfoque chocaba con una realidad evidente:
la capacidad humana no es absoluta ni uniforme, y todas las personas —con o sin discapacidad— toman decisiones con distintos niveles de apoyo, información y contexto.
La interdicción ignoraba esta complejidad y convertía la discapacidad en una razón automática para restringir derechos fundamentales.
El cuestionamiento del modelo tradicional
Con el paso del tiempo, la interdicción empezó a ser fuertemente cuestionada, no solo desde el derecho, sino desde la ética, la psicología, el trabajo social y los derechos humanos.
Se hizo evidente que:
- sustituir la voluntad no siempre protege,
- decidir por alguien puede generar abuso,
- eliminar la voz jurídica aumenta la dependencia,
- y que la verdadera protección está en fortalecer la autonomía, no en anularla.
A nivel internacional, estos cuestionamientos se consolidaron con el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a decidir, incluso cuando requieren apoyos para hacerlo.
El giro hacia los derechos humanos y la autonomía
Este cambio de mirada llevó a una transformación profunda en el derecho contemporáneo. El foco dejó de estar en la “capacidad mental” y pasó a centrarse en la capacidad jurídica, entendida como el derecho a ser reconocido como sujeto de decisiones.
La idea central fue revolucionaria:
una persona no pierde su derecho a decidir por necesitar ayuda para hacerlo.
Desde esta perspectiva, la interdicción se volvió incompatible con un enfoque de derechos humanos, porque eliminaba la capacidad legal en lugar de crear condiciones para ejercerla.
La eliminación progresiva de la interdicción en Colombia
En Colombia, este cambio culminó con una reforma profunda del sistema jurídico, que eliminó la interdicción como figura aplicable a personas con discapacidad y la reemplazó por un modelo de apoyos para la toma de decisiones.
A partir de este cambio:
- ya no se puede declarar a una persona incapaz por razón de discapacidad,
- las decisiones deben partir de la voluntad y preferencias de la persona,
- y el rol del Estado es acompañar, no sustituir.
Las sentencias de interdicción existentes debieron ser revisadas para ajustarse al nuevo modelo, reconociendo nuevamente la capacidad legal de quienes habían sido privados de ella.
