Insolvencia Economica Colombia

Las valoraciones de apoyo se han convertido en una de las figuras más importantes del derecho contemporáneo en Colombia, especialmente después del cambio de enfoque en materia de capacidad legal y discapacidad. Aunque el término puede sonar técnico, su impacto es profundamente humano: se trata de garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y tomar decisiones, incluso cuando necesitan ayuda para hacerlo. En este artículo te explicamos qué son las valoraciones de apoyo en temas jurídicos, cuál es su finalidad, cuándo se utilizan, cómo se aplican y por qué son fundamentales para proteger la autonomía sin sustituir la voluntad. ¿Qué son las valoraciones de apoyo? Las valoraciones de apoyo son procesos técnicos y jurídicos mediante los cuales se identifica qué tipo de apoyos requiere una persona para ejercer su capacidad legal y tomar decisiones de manera informada, libre y autónoma. A diferencia de los antiguos modelos que buscaban determinar si una persona era “capaz” o “incapaz”, las valoraciones de apoyo no evalúan la validez de la persona, sino el tipo de acompañamiento que puede necesitar para comprender información, comunicar decisiones o participar en actos jurídicos. En otras palabras, no se pregunta si la persona puede decidir, sino qué necesita para decidir mejor. El cambio de enfoque: de la incapacidad a los apoyos Históricamente, el derecho evaluaba a las personas desde una lógica binaria: o eran capaces o no lo eran. Este enfoque llevó a figuras como la interdicción, que eliminaban la capacidad legal y trasladaban las decisiones a un tercero. Las valoraciones de apoyo surgen con un cambio profundo de paradigma:la capacidad legal se presume, y el rol del Estado es remover barreras, no crear nuevas. Desde esta visión, las valoraciones de apoyo no buscan restringir derechos, sino hacerlos efectivos. ¿Para qué sirven las valoraciones de apoyo en el ámbito jurídico? Las valoraciones de apoyo cumplen varias funciones esenciales dentro del derecho: Sirven para determinar qué apoyos son necesarios, en qué decisiones y con qué alcance, evitando medidas generales o desproporcionadas. También permiten a jueces, notarios y autoridades administrativas tomar decisiones informadas, basadas en la realidad concreta de la persona y no en presunciones abstractas. Además, las valoraciones de apoyo son una herramienta clave para proteger la autonomía, ya que ayudan a identificar apoyos que faciliten la toma de decisiones sin reemplazar la voluntad. ¿En qué contextos jurídicos se usan las valoraciones de apoyo? Las valoraciones de apoyo se utilizan principalmente en procesos relacionados con el ejercicio de la capacidad legal, como: No se aplican de forma automática, sino cuando es necesario identificar apoyos formales para garantizar que la persona participe plenamente en el proceso. Qué evalúan realmente las valoraciones de apoyo Una valoración de apoyo no es un examen médico ni un diagnóstico clínico. Su enfoque es funcional y jurídico, no patológico. En general, una valoración de apoyo analiza: Todo esto se hace desde la premisa de que la voluntad de la persona es el eje central del proceso. Quién realiza una valoración de apoyo Las valoraciones de apoyo suelen ser realizadas por equipos interdisciplinarios, que pueden incluir profesionales del derecho, psicología, trabajo social u otras áreas afines. El objetivo no es etiquetar, sino comprender el contexto de vida de la persona, su forma de comunicarse, su red de apoyo y las situaciones en las que puede necesitar acompañamiento. En el ámbito jurídico, estas valoraciones sirven como insumo técnico para que la autoridad adopte decisiones proporcionales, específicas y respetuosas de la autonomía. La relación entre valoraciones de apoyo y la voluntad de la persona Un aspecto clave de las valoraciones de apoyo es que no sustituyen la voluntad. Por el contrario, su función es hacerla visible y comprensible. Incluso cuando una persona tiene dificultades para expresarse de manera tradicional, la valoración busca: Esto marca una diferencia radical frente a los modelos antiguos, donde la opinión de la persona era secundaria o irrelevante. Valoraciones de apoyo y decisiones judiciales En procesos judiciales, las valoraciones de apoyo permiten al juez: Gracias a estas valoraciones, las decisiones judiciales dejan de ser rígidas y se vuelven personalizadas, respetando la singularidad de cada persona. Errores comunes sobre las valoraciones de apoyo Uno de los errores más frecuentes es creer que una valoración de apoyo equivale a una declaración de incapacidad. No lo es. Tampoco significa que la persona “no puede decidir”. Otro error es pensar que la valoración justifica que alguien decida por la persona. En realidad, la valoración existe precisamente para evitar la sustitución de la voluntad. También es común confundir la valoración de apoyo con una evaluación médica. Aunque puede incluir insumos profesionales, su finalidad es jurídica y social, no clínica. Por qué las valoraciones de apoyo son tan importantes hoy Las valoraciones de apoyo representan una forma más justa y humana de entender el derecho. Reconocen que: Gracias a estas valoraciones, el sistema jurídico puede proteger sin excluir y acompañar sin imponer. Conclusión Las valoraciones de apoyo son una herramienta central del derecho actual porque permiten pasar del control a la colaboración, de la sustitución a la autonomía y de la exclusión al reconocimiento pleno de derechos. No buscan limitar la capacidad legal, sino hacerla posible en contextos reales. En un sistema jurídico moderno, proteger significa apoyar para decidir, no decidir por otros. Preguntas frecuentes (FAQ breve) ¿Las valoraciones de apoyo quitan derechos?No. Su finalidad es garantizar que los derechos puedan ejercerse plenamente. ¿Son obligatorias en todos los casos?No. Se utilizan cuando es necesario identificar apoyos formales. ¿Reemplazan a la interdicción?Sí. Son parte del modelo que sustituyó la interdicción por apoyos para la toma de decisiones.

Durante décadas, la interdicción fue una de las figuras jurídicas más fuertes —y también más controvertidas— del derecho civil colombiano. Su finalidad aparente era proteger, pero su efecto real fue, en muchos casos, silenciar jurídicamente a personas adultas, privándolas del derecho a decidir sobre su propia vida. Para entender qué es la interdicción y por qué hoy se considera un modelo superado, es necesario mirar su origen, su función histórica y las razones que llevaron a su eliminación como mecanismo principal de protección jurídica. El significado jurídico de la interdicción La interdicción era un proceso judicial mediante el cual un juez declaraba que una persona mayor de edad no tenía capacidad para ejercer sus derechos, generalmente por una condición mental, intelectual o psicosocial. A partir de esa declaración, la persona quedaba sometida a un régimen de curatela, en el cual un tercero —el curador— asumía la toma de decisiones en su nombre. Desde el punto de vista legal, la persona interdicta no podía celebrar contratos, administrar sus bienes, disponer de su patrimonio ni, en muchos casos, tomar decisiones personales relevantes sin la intervención del curador. En la práctica, la interdicción suponía una suspensión casi total de la capacidad legal. La lógica detrás de la interdicción: protección mediante sustitución La interdicción se construyó sobre una idea profundamente arraigada en el derecho clásico: que ciertas personas debían ser protegidas decidiendo por ellas. El sistema asumía que, si una persona no podía comprender plenamente las consecuencias de sus actos, lo más seguro era que alguien más lo hiciera en su lugar. Durante muchos años, esta lógica fue vista como razonable e incluso necesaria. La interdicción se presentaba como una medida de cuidado, especialmente para: Sin embargo, el problema no era solo la intención, sino el resultado. Las consecuencias reales de la interdicción Aunque su objetivo declarado era la protección, la interdicción generó efectos profundamente restrictivos. Una persona interdicta perdía la posibilidad de: La interdicción no evaluaba qué decisiones sí podía tomar la persona, sino que partía de una negación general de su capacidad. Era una medida global, rígida y muchas veces irreversible, que no distinguía contextos, apoyos posibles ni grados de autonomía. En términos humanos, esto significó que muchas personas adultas quedaron legalmente infantilizadas, aun cuando podían comunicarse, expresar deseos y tomar decisiones con algún tipo de acompañamiento. Interdicción y discapacidad: una relación problemática La interdicción se aplicó casi exclusivamente a personas con discapacidad, lo que terminó reforzando un enfoque discriminatorio: se asumía que la discapacidad era sinónimo de incapacidad jurídica. Este enfoque chocaba con una realidad evidente:la capacidad humana no es absoluta ni uniforme, y todas las personas —con o sin discapacidad— toman decisiones con distintos niveles de apoyo, información y contexto. La interdicción ignoraba esta complejidad y convertía la discapacidad en una razón automática para restringir derechos fundamentales. El cuestionamiento del modelo tradicional Con el paso del tiempo, la interdicción empezó a ser fuertemente cuestionada, no solo desde el derecho, sino desde la ética, la psicología, el trabajo social y los derechos humanos. Se hizo evidente que: A nivel internacional, estos cuestionamientos se consolidaron con el reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a decidir, incluso cuando requieren apoyos para hacerlo. El giro hacia los derechos humanos y la autonomía Este cambio de mirada llevó a una transformación profunda en el derecho contemporáneo. El foco dejó de estar en la “capacidad mental” y pasó a centrarse en la capacidad jurídica, entendida como el derecho a ser reconocido como sujeto de decisiones. La idea central fue revolucionaria: una persona no pierde su derecho a decidir por necesitar ayuda para hacerlo. Desde esta perspectiva, la interdicción se volvió incompatible con un enfoque de derechos humanos, porque eliminaba la capacidad legal en lugar de crear condiciones para ejercerla. La eliminación progresiva de la interdicción en Colombia En Colombia, este cambio culminó con una reforma profunda del sistema jurídico, que eliminó la interdicción como figura aplicable a personas con discapacidad y la reemplazó por un modelo de apoyos para la toma de decisiones. A partir de este cambio: Las sentencias de interdicción existentes debieron ser revisadas para ajustarse al nuevo modelo, reconociendo nuevamente la capacidad legal de quienes habían sido privados de ella.